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LA AUTORA es socióloga y profesora universitaria. Reside en Santo Domingo.
Es lamentable e irracional que ya entrado el siglo XXI, el Estado dominicano constituido en sus diferentes poderes no asuma, como debe, que es su función establecer medidas públicas para regular toda la sociedad. El Estado tiene el poder y el deber de permitir o penalizar acciones, y por tanto, necesita pensar y actuar por encima de los intereses de cualquier grupo específico que se afane en imponer sus creencias restrictivas sobre el conglomerado social.
No es simplemente asunto de conciencia individual de cada presidente, legislador o juez. Se trata de establecer parámetros para el funcionamiento de toda la sociedad que garanticen derechos racionalmente concebidos para la pluralidad de creencias y situaciones. De eso se trata la democracia.
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