Procuraduría cancela fiscales involucrados en caso DICAN

Por Servicios de Acento.com.do. 13 de enero de 2016 - 9:19 am -  Deja tus comentarios
"Los fiscales destituidos nunca podrán ejercer en el Ministerio Público y durante cinco años estarán inhabilitados para desempeñar cualquier función pública".

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Foto: Carmen Suárez/Acento.com.do / Fachada de la Dirección Central Antinarcótico de la Policía (DICAN).
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República informó que fueron cancelados, los dos fiscales de la provincia Santo Domingo que están implicados en la investigación de más de 900 kilos de cocaína en supuesta complicidad con altos mandos que laboraban en la Dirección Central Antinarcótico de la Policía (DICAN).


Por decisión del Tribunal Disciplinario de esa institución, los ex fiscales Máximo Díaz Ogando y Ramón Beras Castro, según alega la institución “traicionaron el sentido del honor del Ministerio Público con hechos inadmisibles que no vamos a tolerar”.
El próximo 26 del mes en curso se dará lectura íntegra del dispositivo del Tribunal Disciplinario del Ministerio Público en el salón de prensa de la Procuraduría General de la República.
Según consta en la decisión adoptada por el referido Tribunal Disciplinario que preside el magistrado Carlos Castillo, los fiscales destituidos nunca podrán ejercer en el Ministerio Público y durante cinco años estarán inhabilitados para desempeñar cualquier función pública.
Para tomar la decisión se celebró una audiencia que se extendió por más de 10 horas en el cuarto piso del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, donde también participó, como testigo, el procurador general adjunto Bolívar Sánchez Veloz, titular de Inspectoría de la Procuraduría quien sometió el expediente, además de la raso de la PN, Raydilis García Miranda, adscrita al DICAN, y el sargento Antonio de los Santos.
Los fiscales fueron sometidos a la justicia junto otros implicados, incluyendo al exdirector de la DICAN, Carlos Fernández Valerio, por presuntamente haber sustraído la droga ocupada en un allanamiento practicado el 27 de septiembre de 2014, en un caso que se sigue en la jurisdicción del Distrito Nacional.
Por este hecho, las autoridades de la Procuraduría General, aseguraron pedirán la mayor drasticidad en las condenas, de acuerdo a lo estipulado en las leyes.

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