Miles de dominicanos de ascendencia haitiana se
encuentran hoy en una especie de “limbo”. Justamente donde les ha
colocado la Junta Central Electoral (JCE), la misma institución que les
inscribió como ciudadanos cuando llegaron al mundo en este país.
“Fantasmas civiles” que yacen entre el polvo de la discriminación y las
cenizas del olvido.
¿Cómo comenzó esto? El día 10 de diciembre del 2007,
el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) estableció mediante la
Resolución 12, el procedimiento para la suspensión temporal de la
expedición de actas del estado civil viciadas o instrumentadas de manera
irregular.
Esta medida, según establece la JCE, persigue depurar
el Registro Civil de las irregularidades presentes en el mismo, debido a
errores, omisiones o fraudes en la instrumentación de los actos del
Estado Civil. Sin embargo, en la práctica, además de la depuración del
Registro Civil, opera como instrumento para desnacionalizar a
dominicanos y dominicanas descendientes de haitianos.
Cuestionable o no, esta resolución puede que sea
inapelable, sin embargo lo que no es de recibo es que se aplique con
efecto retroactivo, ya que entraría en contradicción con la
Constitución de 1966, vigente hasta la reforma del 2010 que reza “son
dominicanas todas las personas que nacen en el territorio nacional de la
República Dominicana, con dos excepciones únicas, los hijos de
diplomáticos cumpliendo misión y los extranjeros en tránsito, este
último regulado en el Reglamento de la Ley General de Migración de 1939
La JCE no es la única institución gubernamental que
ha sepultado a los dominicanos de ascendencia haitiana, también la
Dirección General de Pasaportes (DGP) ha contribuido con ello, colocando
una pesada losa en la “tumba” de estos “muertos civiles”.
Existen algunos casos en que la JCE termina cediendo
el acta al ciudadano pero al momento de llegar a la DGP a solicitar su
pasaporte, comienzan las caras de escepticismo de los funcionarios ante
sus apellidos afrancesados, entonces los remiten directamente al
Departamento Legal, donde retienen sus documentos alegando que son hijos
de haitianos.
Rápidamente el desconcertado solicitante se ve
inmerso en una vorágine de actas, solicitudes, despachos, esperas,
departamentos, postergaciones, comparecencias y aplazamientos que
terminarán minando su esperanza y, en muchas ocasiones, las
posibilidades de seguir invirtiendo tiempo y recursos económicos en
interminables trámites.
Una de las manifestaciones que se ha hecho en demanda de nacionalidad.
Esta situación ha colocado por tercera vez a la
República Dominicana en “el banquillo” de la Corte Interamericana de los
Derechos Humanos (CIDH) donde la JCE, más aún, el Estado Dominicano es
cuestionado por violar el artículo 110 de la nueva Constitución, que
dice: “La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto
retroactivo sino cuando sea favorable al que esté sub júdice o
cumpliendo condena.
En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán
afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones
establecidas conforme a una legislación anterior”. Parece evidente que
la JCE y la DGP atentan contra esta medida.
Algunos casos. El Centro Bonó y el
movimiento Reconoci.do produjeron una serie de vídeos llamados "Vidas
Suspendidas" en el que se muestran testimonios de personas afectadas por
la política de desnacionalización del Estado dominicano.
Éstos son algunos de los casos:
Alfredo Ogisten: dominicano, nacido y declarado en
San José de los Llanos, en una zona pródiga en Bateys al Este del país,
donde terminó el bachillerato. Luego estudió un técnico en educación e
inglés en San Pedro de Macorís.
En el año 2009, Alfredo aplicó a un puesto de trabajo
en una empresa de cruceros y fue aceptado por su formación. Requería
sacar su pasaporte para poder salir del país, pero al momento de ir a la
JCE a buscar una copia de su acta de nacimiento, ésta le fue negada.
Alfredo no pudo sacar su pasaporte y perdió el empleo.
En febrero del 2011, el tribunal de primera instancia
de San Pedro de Macorís falló a favor de Alfredo y ordenó a la JCE
entregar la copia de su acta. Una vez obtenida, el obstinado
solicitante depositó todos los documentos requeridos en la DGP, para
enfrentarse de nuevo con la negativa del principio.
Elena Lorac: Es una joven de 23 años de edad, nacida y declarada en Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata.
Cursó el bachillerato y quiso iniciar estudios
universitarios, pero al momento de sacar la copia de su acta de
nacimiento, le fue negada con la justificación de que sus padres son de
origen haitiano.
Cansados de tanto abuso por parte del Estado, las personas afectadas se organizaron para exigir la restitución de sus derechos.
Lo que en el año 2011 Reconoci.do comenzó como una
campaña de sensibilización por un registro libre de discriminación y
finalmente se ha convertido en un firme movimiento donde afirman no
descansarán hasta que el Estado dominicano garantice: La restitución de
los derechos civiles de las personas afectadas, empezando por la entrega
inmediata de la documentación retenida en las oficialías del Registro
Civil de la JCE, pasaportes en la DGP y el reconocimiento público por
parte de la JCE de los perjuicios que esta política desconsiderada les
ha causado.
Hay que rendirse a la evidencia, el progreso en
nuestro país es imparable, y desde luego irrenunciable. Éstos ya no son
tiempos de racismos, homofobias, machismos u otras conductas rancias,
mojigatas y anticuadas.
El pensamiento plural, la tolerancia, el respeto y la
solidaridad, son los valores que deberán imperar en adelante si
pretendemos vivir y convivir en consonancia con los tiempos.
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