SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Sectores de interés estarían tramando la desaparición de Pro Consumidor mediante el procedimiento de desconocer sus facultades legales.
Con este propósito, habrían iniciado una campaña valiéndose de “grupos pagados” que se pronuncian en los medios de comunicación contra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que reconoce al organismo la facultad de imponer multas.
La denuncia la hizo este domingo Altagracia Paulino, directora de Pro Consumidor, durante una entrevista televisiva cuyo contenido fue difundido mediante un comunicado de prensa de la entidad.
“Esos grupos planean elevar un recurso ante el Tribunal Constitucional, para tratar de desconocer la decisión de la Suprema Corte de Justicia que ratificó la potestad de Pro Consumidor de sancionar a los violares de la ley 358-05”, dijo Paulino, quien exhortó a los jueces constitucionales a no dejarse sorprender.
Entrevistada en el programa “Sea Usted el Jurado”, que produce Alberto Amengual, la funcionaria defendió la tesis de que los derechos de los consumidores son derechos fundamentales amparados por la Constitución. Además, agregó, la Ley 358-05 le otorga a Pro Consumidor ocho títulos habilitantes que le permiten imponer sanciones y multas a los infractores.
“Yo, como directora ejecutiva de Po Consumidor puedo multar independientemente de la acción penal. Ahora, quien le ha faltado al ciudadano, sea del sector público o privado tiene que pagar por el daño y resarcir al afectado, eso está claro en la Ley y en el artículo 53 de la Constitución de la República”, puntualizó Paulino.
Dijo finalmente que en el derecho administrativo existe la figura del ministro juez, creada con el propósito de abreviar los procedimientos como parte del principio de eficiencia y eficacia de la justicia.
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