LA AUTORA es socióloga y politóloga. Reside en Santo Do
La República Dominicana tiene el lamentable deshonor de encabezar el mundo en accidentes de tránsito. Según el “Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2013” de la Organización Mundial de la Salud, la tasa de muertes por accidentes de tránsito en República Dominicana es 42 por 100 mil habitantes, mientras para toda América la tasa es 16 por 100 mil. O sea, República Dominicana más que duplicó la tasa regional.
El asunto encapsula un problema mayor: la incapacidad del Gobierno de poner reglas claras, hacerlas cumplir a todos por igual, y sancionar a quienes no cumplan. Por eso hay un desorden en el tránsito, y en tantas otras cosas.
En las calles, carreteras y autopistas circulan vehículos a altísima velocidad, otros en el carril equivocado, motoristas con una mujer y dos niños en la cola (como si fuera gracioso), intercepciones atascadas por el afán de rebasar de los conductores, oficiales de AMET violentando innecesariamente un semáforo, calles y carreteras sin señalización adecuada, y curvas de la muerte.
El origen del problema es antiguo: ministerios llenos de botellas, personal no calificado, una Policía corrupta e ineficaz, y el soborno que lo contamina todo.
La ciudadanía, por su lado, maneja irresponsablemente y abusa de la velocidad y el alcohol, principales causantes de accidentes de tránsito.
Si el Gobierno interviniera eficazmente en la prevención y vigilara por el cumplimiento de las reglas, la irresponsabilidad de los conductores disminuyera.
Las causas son claras y las soluciones también, pero ningún Gobierno dominicano ha tomado cartas en el asunto en la magnitud necesaria. Los policías se paran en la sombrita y nadie les teme porque con un soborno se resuelve todo.
La República Dominicana no puede seguir de espaldas a una realidad tan cruda. El costo humano, social y laboral de los accidentes de tránsito es muy alto: familias fracturadas, personas discapacitadas, reducción de la capacidad laboral, y gastos médicos excesivos.
Se sabe lo que hay que hacer, pero no se hace. De todas maneras hay que insistir en las soluciones.
Primero, profesionalizar la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) para que llene su cometido de dirigir el tránsito e imponer reglas con firmeza y justicia.
Segundo, hacer una campaña masiva de información por los medios de prensa televisiva y radial para que la población tome conciencia del problema y entienda las medidas de control que impulsará el Gobierno. Los ministerios, que tienen la mala costumbre de anunciarse por televisión como si fueran empresas, deberían utilizar sus spots publicitarios para este propósito, por lo menos durante seis meses. Ese sería mejor uso del dinero gastado en publicidad por tantas instituciones públicas.
Tercero, luego del primer mes de campaña masiva en los medios, el Gobierno debe impulsar todas las medidas de control del tránsito para que la población sea testigo de que la campaña tenía un propósito real, no simplemente amagar y no dar.
Finalmente, organizar el tránsito requiere un Estado comprometido con la ley y el orden, no con la corrupción y el desorden; y requiere de una ciudadanía con intención de respetar la ley, aun sea por miedo a las consecuencias.
Mejorar sustancialmente el tránsito equivale a un seguro de vida y médico para toda la población.
Ojalá el Gobierno se anime a enfrentar este problema estableciendo metas año por año hasta reducir al mínimo los accidentes de tránsito.
Ojalá el operativo “Navidad Tranquila” dé buenos resultados. Pero ojo: el problema es de todo el año. Por eso hay que hacer mucho más.
En estos días navideños de tanto alcohol y parrandas, tenga usted mucho cuidado.
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