El documento señala la polémica sentencia del
Tribunal Constitucional dominicano de septiembre de 2013, que establece
los parámetros para adquirir la nacionalidad.
“La sentencia que estipula que los descendientes
de individuos considerados ilegales en el país, muchos de los cuales son
de origen haitiano, no tienen derecho a la nacionalidad dominicana”,
indica el informe.
El documento, que sirve como guía al Congreso
estadounidense a la hora de decidir la ayuda exterior para cada país,
examina el comportamiento de los gobiernos de todo el mundo (menos de
Estados Unidos) respecto a los derechos humanos.
El pasado lunes, alrededor de 200 personas se
reunieron frente a la Embajada de la República Dominicana en Washington
para pedir a ese país que paralice el proceso de “deportación” de las
más de 200.000 personas, entre ellos haitianos y apátridas, que podrían
ser expulsados a Haití.
El pasado 17 de junio terminó en República
Dominicana el plazo de inscripción al Plan Nacional de Regularización de
Extranjeros, al que se acogieron unos 288.000 extranjeros, según cifras
del Ministerio de Interior y Policía, y tras el cual entró en vigor una
segunda fase, que prevé el inicio de operativos de repatriaciones.
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