Pide a SCJ que investigue jueza ordenó devolución US$20.8 MM a narco español

Francisco Domínguez Brito

Por: JHONNY TRINIDADFecha: septiembre 22, 2015En: Portada14 Comments

SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia que investigue la actuación de la jueza que ordenó la devolución de US$20.8 millones a la sociedad Prado Universal Corp, del convicto narcotraficante español Arturo del Tiempo.

En una carta enviada al juez Mariano Germán Mejía, el Procurador opina que “se debe iniciar una investigación en contra de la actuación de la magistrada Awilda Reyes Beltré, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional”, quien también condenó a la Procuraduría al pago de un astreinte de un millón de pesos por cada día de retardo al cumplimiento de dicha sentencia.

Alega que Reyes Beltré “no tomó en cuenta ninguno de los medios presentados por los impetrados en el desarrollo del conocimiento de la audiencia de amparo, asumiendo como una violación al derecho de propiedad y del ejercicio de la libre empresa un crédito que no se ha constituido y que, por lo tanto, no es susceptible de liquidación ni de exigibilidad”.

Sostiene que “el tribunal ignoró todo el debido proceso penal y civil agotado en el caso en cuestión, asumiendo la jueza de manera incomprensible que la ejecución de actuaciones judiciales han perjudicado derechos fundamentales de la impetrante del amparo”.

En ese sentido, calificó de abusiva la sentencia en contra del ministro de Hacienda, el administrador general del Banco de Reservas, la fiscal del Distrito Nacional y la Procuraduría, al condenarlo al pago de “sumas absurdas de dinero si no obtemperan al reconocimiento inmediato de unos derechos supuestamente afectados”.

“Es deber fundamental de todo juez de amparo ponderar, con estricto apego al derecho, los argumentos de todas las partes envueltas en la acción”, indicó.

Manifestó que la actuación de Reyes Beltré pudiera constituir un obstáculo a la lucha de las autoridades contra el crimen organizado, ya que pudieran tratar de amilanar o mermar el rol del Estado en esa materia.