Rosario Espinal y Rosalía Sosa cuestionan el esquema de financiamiento a los partidos
PANKY CORCINOFONDOS PÚBLICOS
SANTO DOMIONGO (Rep. Dominicana).- La politóloga Rosario Espinal considera que en el esquema político que prevalece en la República Dominicana carece de sentido que el Estado destine fondos de los aportados por los contribuyentes para financiar los partidos políticos.
También Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, cuestiona este modelo de financiamiento: “La pregunta es qué están haciendo los partidos políticos por la ciudadanía que los haga merecedores del financiamiento público.”
Desde el 1 de enero de 1998 hasta el 31 diciembre de 2014, la contribución económica otorgada por el Estado Dominicano a las organizaciones políticas reconocidas asciende aRD$8,970,792,363, según cifras de la Junta Central Electoral (JCE).
Para el año recién concluido la Cámara de Cuentas anunció que auditaría a los 26 partidos reconocidos, luego de informar que detectó supuestas irregularidades contables en los años 2011 y 2012 en la Alianza Social Dominicana (ASD) –convertida ahora Partido Revolucionario Moderno (PRM)–, y los partidos Demócrata Popular (PDP), de los Trabajadores Dominicanos (PTD) y Demócrata Institucional (PDI).
La Cámara de Cuentas determinó que el ASD, el PDP y el PTD cometieron irregularidades como préstamos recibidos y desembolsados realizados sin las facturas y documentos correspondientes; emisión de cheques sin la documentación justificativa del desembolso; no reportar las retenciones correspondientes a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII); aporte y préstamo no depositados en cuenta bancaria de la entidad, y contrataciones realizadas de forma inadecuada.
El organismo detectó además irregularidades como cuentas por pagar sin las documentaciones justificativas; debilidades de Control Interno; emisión de cheques para gastos de viaje, dietas, propaganda, teléfonos, comunicaciones, donaciones y actividades políticas sin aval; pago de publicidad de radio y televisión sin las retenciones correspondiente y errores en registro.
Desde 1998 a 2014 los tres partidos citados por la Cámara de Cuentas recibieron RD$157.2 millones: la ASD RD$59,274,444, el PDP RD$64,082,010 y el PDI RD$33,838,736
Rosario Espinal recuerda que “en la República Dominicana se aprobó el financiamiento público a los partidos en 1997 y no se restringió el privado”. “Cuando el financiamiento público de los partidos existe, debe restringirse el privado, esa es la razón de ser democrática del financiamiento público”, sostiene.
Entiende que en el caso dominicano la situación se agrava por el hecho de que también “hay un extenso uso de los recursos del Estado en los procesos electorales”.
“En estas condiciones debería eliminarse el financiamiento público, pero los legisladores no lo harán”, aseguró. “La eliminación es pues políticamente inviable”, dijo.
“La única esperanza es que puedan establecerse controles, pero la clase política ha evidenciado que no tiene intención de establecerlos por el momento”, lamenta Espinal.
Mientras, Rosalía Sosa sostiene que “el gran problema es que la gran mayoría de los dirigentes (de los partidos) están gestionando los recursos sin hacer el trabajo, no sólo al interior de sus organizaciones sino también para contribuir a la democracia y hacer el contrapeso necesario a los poderes públicos”.
Sosa recuerda que la sociedad civil luchó para que los partidos políticos, entidades de interés público, cuenten con financiamiento estatal para su funcionamiento. Indica que el interés era que los dirigentes de esas organizaciones “pudieran actuar con independencia de los grupos de interés económicos, no fueran cooptados por el crimen organizado, por los recursos producto de la corrupción y del lavado de activos”.
La directora ejecutiva de Participación Ciudadana entiende que para contrarrestar las distorsiones en el financiamiento a los partidos dominicanos se requiere reducir costo de la campaña electoral, acortar el periodo de esta y establecer límites al gasto en tiempo de competencia.
También, lograr una mayor transparencia en el financiamiento de las organizaciones políticas, fijar límites a las donaciones de particulares y regular el acceso a a los medios de comunicación a a través de la publicidad
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