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| Cristina Thomen Ginebra, es comunicadora reside en Santo Domingo |
Esincreíblemente no sustentable la aprobación de la Ley que declara Parque Nacional el paraje de Miranda y sus zonas aledañas, pues de acuerdo a los parámetros del Sistema Nacional de Áreas Protegidas -SINAP - esta zona no califica ni reúne los criterios para ello.
Las dos cámaras legislativas aprobaron de "urgencia" dicho proyecto, sin tomar en cuenta una serie de parámetros políticos, técnicos, económicos y sociales que afectarán en el corto, mediano y largo plazo a las provincias Monseñor Noel y La Vega y a todo el país.
El Ministro de Medio Ambiente, entrevistado en uno de los programas de la tarde la semana pasada, declaró que no fue consultado por el Congreso Nacional.
El senador de La Vega, Euclides Sánchez, inició una lucha sin tomar en cuenta las consecuencias por las que eventualmente su provincia y la vecina Monseñor Noel enfrentarían, entre ellas un incremento en la tasa de desempleo y de criminalidad, producto de la falta de empleos dignos y la disminución del comercio.
También se han arriesgado los futuros ingresos por unos US$5,700 millones que, debido a la sociedad que tienen la empresa Falcodo y el Estado dominicano, percibiría el país en los próximos 20 años. De éstos, unos RD$2,400 millones (US$55.5 millones, según tasa actual) serían ingresados directamente a Bonao y La Vega mensualmente, divididos en aproximadamente 1,800 millones de pesos en salarios y más de 200 millones en compras al comercio, además de otros aportes a la educación y la salud, esto sin sumar los ingresos al fisco por impuestos sobre la renta y regalías.
Al parecer no se tomó en cuenta los riesgos que significa el romper un contrato que fue revisado y re-negociado por el entonces gobierno del Dr. Joaquín Balaguer.
Es lamentable que el pueblo no conozca las consecuencias de todo esto, pues en una economía en desarrollo la credibilidad de un país para acceso al crédito y la inyección de capital extranjero son importantes.
La declaratoria de Parque viola un contrato, viola derechos adquiridos y compromete la seguridad jurídica.
Es bueno saber que el dueño de estas tierras no es solamente Falcondo, pues de los 42 kilómetros cuadrados propuestos para parque, 13.4 son de Falcondo y el resto, más de 28, pertenece a otros propietarios, fundamentalmente campesinos y ganaderos, cuyo derecho se vería seriamente afectado.
Para cumplir con el pago de estas expropiaciones, el Estado tendrá que aumentar impuestos al pueblo o crear otros nuevos, lo cual no es justo para nadie.
Además, ¿qué van a hacer estos campesinos y ganaderos cuando no puedan producir en los terrenos que legalmente son de su propiedad?
Son muchos los factores que desconoce ese pueblo que, con buena, luchó a favor de Loma Miranda, aupado por personas que no tienen respeto ni por ésos que lucharon, ni por las leyes ni por la vida, pues además fomentaron la violencia, la cual lamentablemente cobró varias muertes y heridos.
Se desconoce que realmente todo esto fue una lucha política y de poder, sin tomar en cuenta que una cantidad importante de la población de Bonao y La Vega se quedará sin trabajo y que muchos comercios, transporte y servicios se verían afectados.
El pueblo no sabe que se han roto contratos y compromisos adquiridos, como es el Acuerdo Para la Protección Recíproca de Inversiones con la Confederación Suiza, el cual fue firmado en el 2004, lo que nos traería también consecuencias internacionales.
Entendemos que a través del diálogo y el razonamiento aún hay tiempo para buscar soluciones, de forma tal que al final el pueblo salga ganando.
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