SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- El déficit habitacional en República Dominicana es una enfermedad social cada vez más avanzada. A principios de la década del 2000 era de unas 500,000 viviendas, según datos del Fondo Nacional de la Vivienda Popular (FONDOVIP); en 2004 era de 800,000 según cita del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI); en 2010 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lo ubicaba en 1,096,000 y este año, a partir de un análisis del censo de 2010, Cuidad Alternativa halla un déficit de 2,120,000 viviendas.
De la secuencia se desprende que en los últimos catorce años el déficit habitacional ha crecido un 424%. Se trata de datos que incluyen, en todos los años citados, la suma de los déficits cualitativo (que agrupa a las viviendas recuperables) y cuantitativo (que hace referencia a viviendas irrecuperables).
Según el análisis que hizo Ciudad Alternativa, casi un millón 150 mil de las viviendas consideradas para calcular el déficit son recuperables, mientras las consideradas definitivamente inservibles suman 972 mil.
“Hay diez mil viviendas en carpeta, pero sucede que para una persona acceder directamente a esas viviendas tiene que cumplir con una serie de condicionalidades que, por la capacidad de compra de los hogares dominicanos, se dificultan bastante”, dice Jovine.
Mientras el déficit progresa a un ritmo asombroso, la inversión pública en viviendas asequibles para la clase media baja y pobre se contrae. Los datos que lo reflejan son claros: la ejecución presupuestaria en vivienda descendió un 89.12% en los últimos cinco años.
En un boletín sobre el tema, Ciudad Alternativa cita datos de la Dirección General de Presupuesto que indican que, en general, la inversión pública en vivienda ha sido inestable en la última década. Era de cerca de3,670 millones de pesos en 2003, pero descendió a 1,906 millones en 2004, tras el estallido de crisis financiera. Luego ascendió de manera considerable y, en 2008 alcanzó los 8,674 millones. Pero desde entonces inició su caída libre, hasta ubicarse en 944 millones en 2013. Se trata, pues, de la inversión anual más baja de la década, incluso inferior a la de 2004, que fue un año considerado particularmente crítico.
Estas cifras hacen referencia a la inversión pública directa, que se realiza a través de organismos como el Invi, el Ministerio de Obras Públicas o el Banco Nacional de la Vivienda. Hay otra modalidad de inversión que sí se ha incrementado, que es la determinada por las exoneraciones impositivas para las viviendas económicas construidas bajo el amparo de la Ley 189-11, de desarrollo inmobiliario y fideicomiso.
Por las exenciones a los proyectos inmobiliarios que se ejecutan a través de este régimen el Estado dominicano dejará de percibir unos 1,342 millones de pesos. De modo que el estímulo que se pretende producir a través de ventajas impositivas para los inversionistas de la construcción supone un costo mucho más alto (42% mayor) que el monto de la inversión directa en vivienda.
Además, la cantidad de viviendas que se construirá a través de este régimen es mucho más amplia que la cantidad de viviendas que ha construido el Estado directamente. Actualmente, el Invi señala que hay proyectos en carpeta que generarán diez mil viviendas, mientras que las que construye el Estado en un año no llegan a las 4,500.
Para Rafael Jovine, economista a cargo del Observatorio de Derecho a la Ciudad de Ciudad Alternativa, estos cambios en la dirección de la inversión generan una especie de “privatización de la política pública de vivienda”.
Esta política del Estado está reforzando el problema de la exclusión social, en violación del derecho constitucional que tienen los dominicanos a tener una vivienda digna
Sustenta la idea sobre la base de que el acceso a las viviendas de los proyectos concebidos bajo la Ley 189-11 es extremadamente limitado. Eso, pese a que el espíritu de la ley es, precisamente, empujar el desarrollo de los proyectos de viviendas económicas para reducir el déficit.
“Hay diez mil viviendas en carpeta, pero sucede que para una persona acceder directamente a esas viviendas tiene que cumplir con una serie de condicionalidades que, por la capacidad de compra de los hogares dominicanos, se dificultan bastante”, dice Jovine.
Detalla que, entre otros requisitos, se exige el comprador sea asalariado, es decir, que trabaje en el sector formal, y un disfrute de un sueldo de al menos tres salarios mínimos cotizables, que serían unos 25,000 pesos. Además, debe disponer de un ahorro de, mínimo, el 10% del valor del inmueble, que será de alrededor de 200,000 o 240,000 pesos, dependiendo del precio fijado.
Según Jovine, el problema es que el 80% de los trabajadores del sector formal queda excluido de la posibilidad de adquirir estas viviendas porque tiene salarios inferiores al mínimo requerido. Además, la población que trabaja en el sector informal, que es más del 50% de la económicamente activa en el país, también queda fuera de este mercado.
“Lo que sostenemos es que, por un lado, la política sobre vivienda se está centrando en una ley cuyos requisitos son una barrera de entrada para la clase trabajadora y, por otro, la inversión mediante el instrumento que le permitiría el acceso a los más desfavorecidos, que es el presupuesto, va en picada”, afirma el economista.
A su entender, esta política del Estado está reforzando el problema de la exclusión social, en violación del derecho constitucional que tienen los dominicanos a tener una vivienda digna y de los lineamientos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que llama a “facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas”.
Jovine entiende que es factible que la inversión pública directa vuelva a niveles que permitan paliar el déficit. Para eso se requiere un gran esfuerzo, dada la fuerte tendencia a crecer que tiene el problema. Y porque, como apunta, “en la vivienda hay un sentido de propiedad que muchas veces diluye su carácter de derecho humano”
Fuente, 7 días. com, de Lery Laura Piña
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