SANTO DOMINGO (R.
Dominicana).- Es probable que este martes la Cámara de Diputados
incluya en su agenda el proyecto de ley de convocatoria a la asamblea
nacional revisora, ya conocido en el Senado, para reformar la
Constitución y reintroducir la reelección presidencial. Dados los
apremios de tiempo, cabe suponer su liberación de trámites y
consiguiente aprobación en lecturas
consecutivas.
Sobre esta sesión se han tejido algunas conjeturas. A diferencia del Senado, la Cámara de Diputados es un universo heterogéneo; su multipartidismo hace pensar que podría convertirse en escollo de lo que fue expeditivo para los senadores. No hay motivos para esperarlo. No siendo orgánica, la ley solo requiere la votación favorable de una mayoría simple que el Partido de la Liberación Dominicana, “reconciliado” desde el pasado jueves, reúne de momento. Empero, no es descartable que esta mayoría límite –90 diputados— se convierta en holgada con el voto de diputados de otros partidos. Que así suceda tiene razones políticas y no solo contantes y sonantes.
Asegurar que parte de los posibles votos “oposicionistas” a favor de la reforma no serán comprados con dinero o canonjías es tan absurdo como hacerse eco del rumor, dándolo por incontestable, del ya realizado pago multimillonario para ampliar la mayoría. Hace apenas unas semanas atrás, una mostrenca ley de partidos, patrocinada por el peledeísmo y el perredeísmo, pasó la prueba legislativa con el voto también favorable de tres diputados del Partido Revolucionario Moderno que, sin ser necesarios en el inventario, decidieron hacer caso omiso de las directrices trazadas por sus dirigentes.
La “oposición”
Descartados los obstáculos en la sesión de este martes, los peledeístas tendrán poco que temer cuando sometan la reforma a la sanción de la Asamblea. Más que visión de futuro, permite preverlo la experiencia del pasado reciente. La última reforma constitucional en 2010, fue precedida por los acuerdos entre Leonel Fernández y un Miguel Vargas que, aun sin potestades partidistas, comprometió el voto del PRD con el proyecto ideado por aquél. La eliminación del “nunca jamás”, copia del modelo estadounidense que Fernández ha dicho siempre favorecer, fue una jugada leonelista de consecuencias previsibles. Vargas Maldonado hizo cálculos políticos equivocados, por perjudiciales para él, lo que no excluye totalmente la dación en pago del voto de los asambleístas perredeístas, también ellos persiguiendo sus propios objetivos políticos y electorales. Algunos habrán engrosado sus cuentas, pero esto no fue lo determinante en la casi unanimidad del apoyo.
Tampoco hay que olvidar que la introducción del “nunca jamás” en la reforma del 2003 tiene una historia tumultuosa y que fue la salida pretendidamente “principista” encontrada por quienes alentaban la reelección del presidente Hipólito Mejía. Entonces, nueve diputados del Partido de la Liberación Dominicana fueron expulsados de la organización por haberse abstenido, contrariando la línea de votar no. Cincuenta y seis de los sesenta y cinco diputados perredeístas, también desobedecieron la radical oposición de la dirigencia del PRD a una modificación que intentaría prolongar, en las peores condiciones políticas imaginables, el mandato de Mejía.
En la convulsa coyuntura, Milagros Ortiz Bosch, ella también aspirante, defendió la llamada ley de lemas para modificar las reglas del juego electoral apenas cuatro meses antes de las votaciones de 2004; la finalidad era política: en lo inmediato, buscar una salida a la aguda crisis interna del perredeísmo; en el futuro, se arguyó, poner fin a las disputas por las candidaturas presidenciales. Introducida al Senado por Tony Durán, la propuesta pretendía implantar en el sistema electoral dominicano el llamado “voto presidencial preferencial”; es decir, permitir a los partidos presentar a los votantes hasta cinco candidatos cabezas de boleta. El rechazo público fue clamoroso, como lo documentan los periódicos de la época. Pero tanto su discusión en el Congreso como su desestimación fueron fruto de una acción política que no puede ser atribuida al mero interés económico.
En cuanto al Partido Reformista Social Cristiano hay poco qué decir en este ámbito. Reeleccionista siempre, y ahora disminuido hasta casi carecer de relevancia alguna, sus legisladores levantarán la mano sin sonrojo. Si llegaran a poner precio a este gesto en ellos mecánico, puede darse por seguro que no será excesivo. Ya lo dijo Quique Antún: el PRSC no será piedra en el camino de la reforma.
Estos hechos en torno a la Constitución y su adecuación a los intereses grupales y corporativos plantean problemas que van más allá de la calidad mercurial que se atribuye, no sin razón, a la actividad legislativa. Visto de manera más global, de lo que se trata es de la pérdida de legitimidad de los partidos por sus prácticas políticas alejadas cada vez más de la representación ciudadana, la debilidad de los liderazgos que acentúa los conflictos internos, la igualación en la manera de ver los problemas de la sociedad y de un uso del poder que ha llevado a borrar la frontera entre el partido y el Estado.
consecutivas.
Sobre esta sesión se han tejido algunas conjeturas. A diferencia del Senado, la Cámara de Diputados es un universo heterogéneo; su multipartidismo hace pensar que podría convertirse en escollo de lo que fue expeditivo para los senadores. No hay motivos para esperarlo. No siendo orgánica, la ley solo requiere la votación favorable de una mayoría simple que el Partido de la Liberación Dominicana, “reconciliado” desde el pasado jueves, reúne de momento. Empero, no es descartable que esta mayoría límite –90 diputados— se convierta en holgada con el voto de diputados de otros partidos. Que así suceda tiene razones políticas y no solo contantes y sonantes.
Asegurar que parte de los posibles votos “oposicionistas” a favor de la reforma no serán comprados con dinero o canonjías es tan absurdo como hacerse eco del rumor, dándolo por incontestable, del ya realizado pago multimillonario para ampliar la mayoría. Hace apenas unas semanas atrás, una mostrenca ley de partidos, patrocinada por el peledeísmo y el perredeísmo, pasó la prueba legislativa con el voto también favorable de tres diputados del Partido Revolucionario Moderno que, sin ser necesarios en el inventario, decidieron hacer caso omiso de las directrices trazadas por sus dirigentes.
La posibilidad del apoyo extrapeledeísta se extiende a la próxima Asamblea Nacional Revisora, donde sí será necesaria la mayoría calificada. No es de dudar que haya sobornos de diversa índole, pero vale preguntarse si serán determinantes. Esto así porque en el sistema de partidos confluyen –y fluyen— intereses diversos, que se entrecruzan y respaldan con independencia de las banderías. Los llamados “principios” son, casi exclusivamente, los de la oportunidad, máxime porque las diferencias de matices ideológicos que alguna vez pudieron colorear el espectro partidista dominicano, se han quedado en el camino. No hay contrarios, hay socios en la lucrativa aventura de gestionar el poder.Los llamados “principios” son, casi exclusivamente, los de la oportunidad, sobre todo porque las diferencias de matices ideológicos que alguna vez pudieron ser identificadas en el espectro partidista dominicano, se han quedado en el camino
La “oposición”
Descartados los obstáculos en la sesión de este martes, los peledeístas tendrán poco que temer cuando sometan la reforma a la sanción de la Asamblea. Más que visión de futuro, permite preverlo la experiencia del pasado reciente. La última reforma constitucional en 2010, fue precedida por los acuerdos entre Leonel Fernández y un Miguel Vargas que, aun sin potestades partidistas, comprometió el voto del PRD con el proyecto ideado por aquél. La eliminación del “nunca jamás”, copia del modelo estadounidense que Fernández ha dicho siempre favorecer, fue una jugada leonelista de consecuencias previsibles. Vargas Maldonado hizo cálculos políticos equivocados, por perjudiciales para él, lo que no excluye totalmente la dación en pago del voto de los asambleístas perredeístas, también ellos persiguiendo sus propios objetivos políticos y electorales. Algunos habrán engrosado sus cuentas, pero esto no fue lo determinante en la casi unanimidad del apoyo.
Tampoco hay que olvidar que la introducción del “nunca jamás” en la reforma del 2003 tiene una historia tumultuosa y que fue la salida pretendidamente “principista” encontrada por quienes alentaban la reelección del presidente Hipólito Mejía. Entonces, nueve diputados del Partido de la Liberación Dominicana fueron expulsados de la organización por haberse abstenido, contrariando la línea de votar no. Cincuenta y seis de los sesenta y cinco diputados perredeístas, también desobedecieron la radical oposición de la dirigencia del PRD a una modificación que intentaría prolongar, en las peores condiciones políticas imaginables, el mandato de Mejía.
En la convulsa coyuntura, Milagros Ortiz Bosch, ella también aspirante, defendió la llamada ley de lemas para modificar las reglas del juego electoral apenas cuatro meses antes de las votaciones de 2004; la finalidad era política: en lo inmediato, buscar una salida a la aguda crisis interna del perredeísmo; en el futuro, se arguyó, poner fin a las disputas por las candidaturas presidenciales. Introducida al Senado por Tony Durán, la propuesta pretendía implantar en el sistema electoral dominicano el llamado “voto presidencial preferencial”; es decir, permitir a los partidos presentar a los votantes hasta cinco candidatos cabezas de boleta. El rechazo público fue clamoroso, como lo documentan los periódicos de la época. Pero tanto su discusión en el Congreso como su desestimación fueron fruto de una acción política que no puede ser atribuida al mero interés económico.
En cuanto al Partido Reformista Social Cristiano hay poco qué decir en este ámbito. Reeleccionista siempre, y ahora disminuido hasta casi carecer de relevancia alguna, sus legisladores levantarán la mano sin sonrojo. Si llegaran a poner precio a este gesto en ellos mecánico, puede darse por seguro que no será excesivo. Ya lo dijo Quique Antún: el PRSC no será piedra en el camino de la reforma.
Estos hechos en torno a la Constitución y su adecuación a los intereses grupales y corporativos plantean problemas que van más allá de la calidad mercurial que se atribuye, no sin razón, a la actividad legislativa. Visto de manera más global, de lo que se trata es de la pérdida de legitimidad de los partidos por sus prácticas políticas alejadas cada vez más de la representación ciudadana, la debilidad de los liderazgos que acentúa los conflictos internos, la igualación en la manera de ver los problemas de la sociedad y de un uso del poder que ha llevado a borrar la frontera entre el partido y el Estado.
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