¿Peligra la libertad de prensa en Argentina?

Alerta periodistas del mundo, la libertad de prensa nos ha costado sangre.


El Congreso en Argentina aprobó una polémica ley impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que regula la fabricación, comercialización y distribución del papel de diario, declarándolas de interés público. La ley estipula cómo debe funcionar la empresa Papel Prensa, la única productora de pasta celulosa y papel para periódicos del país, que pertenece mayoritariamente a los dos principales diarios de Argentina: Clarín y La Nación, y minoritariamente al Estado.
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Estos periódicos son críticos del gobierno y acusan a las autoridades de querer subyugarlos a través de esta ley, al controlar su principal insumo.

Por su parte, el gobierno asegura que Clarín y La Nación mantienen un monopolio que discrimina contra varios diarios más pequeños del país, al cobrarles un precio diferenciado por su papel o forzarlos a importarlo, ante la insuficiente producción de la empresa argentina.

Es por eso que elaboraron esta ley, que obliga a Papel Prensa a tener un único precio de venta, a operar "como mínimo a pleno de su capacidad" y a "satisfacer la totalidad de la demanda interna de papel para diarios".

La norma será aplicada por el Ministerio de Economía, con seguimiento de una Comisión Bicameral del Congreso (que al menos por los próximos dos años tendrá mayoría oficialista).
Mayor participación del Estado

Actualmente, Papel Prensa provee de su insumo principal a 170 periódicos impresos, lo que representa el 75% del mercado doméstico, mientras que el resto del papel proviene de la importación.

La ley especifica que si los actuales dueños mayoritarios de Papel Prensa no tuvieran los fondos necesarios para que la empresa supla toda la demanda interna del país, el dinero podrá ser aportado por el Estado, que en ese caso "verá acrecentada" su participación accionaria (actualmente del 27,46%).

Según el Grupo Clarín (que posee el 49% de las acciones de Papel Prensa), y La Nación, (dueña del 22,5% de la empresa), es una forma de control estatal de la prensa, algo que está expresamente prohibido por la Constitución.

"La libertad de expresión está siendo violada todos los días, desde hace décadas, por una empresa monopólica que impone precios y cupos, y asfixia económicamente a otros medios más pequeños"

Marina Raquel Riofrío, secretaria del bloque del Frente para la Victoria (FPV) en el Senado.

El pasado domingo, Clarín (el diario más leído en Argentina) publicó una portada especial mostrando una hoja en blanco con una cita: el artículo 32 de la Constitución Nacional, que dice: "El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal".

Según Clarín y La Nación, la ley que aprobó el Congreso viola este artículo, algo en lo que coinciden diversos constitucionalistas, además de casi todo el arco opositor.