La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Suinda Brito impuso este lunes seis meses de prisión preventiva como medida de coerción a los imputados el propietario Miguel Rodríguez (Don Miguel) y el administrador Denny Rodríguez, de la discoteca Sensación del sector de Gascue acusados de contratar unas 52 jóvenes para ejercer la prostitución en negocio.
Igualmente, la magistrada ordenó que los
impetrante cumpla la medida en la cárcel del 15 de Azua.
En ese sentido, la jueza tomo la decisión luego de acoger un pedimento del ministerio público representado por la fiscal adjunta María Correa Núñez, hasta tanto termine con la investigación del caso.
De acuerdo al expediente acusatorio, el fin de semana las autoridades de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en coordinación con la Fiscalía del Distrito Nacional, donde encontraron unas 52 mujeres en centro de diversión el cual fue clausurado por las autoridades en septiembre del año 2013.
“Durante la requisa, el Ministerio Público ocupó además elementos de prueba asociados al delito de proxenetismo, la cantidad de 27 mil 843 dólares y 16 mil 807 pesos” dice el informe.
Indica que el inmueble será solicitado en decomiso y secuestro por el Ministerio Público a favor del Estado dominicano.
Además, fueron apresados Miguel (Don Miguel) y Denny quienes ya haibai sido condenado el mes de diciembre el año pasado un año de prisión y al pago de una multa de 300 mil pesos, siendo suspendida la totalidad de la pena.
Las autoridades expresaron que moradores del sector de Gazcue se han quejado en innumerables ocasiones por los malestares y el estado de intranquilidad que provocan estos tipos de negocios para fines de prostitución en el referido lugar.
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, instruyó que se solicitara medida de coerción por proxenetismo y lavado de activos en contra de los imputados.
El operativo fue coordinado y dirigido, por el director de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, el procurador adjunto Jonathan Baró y la directora del Departamento de Persecución de Trata y Tráfico de Personas, la fiscal adjunta Alba Corona Valerio junto con la colaboración del Departamento contra el Crimen Organizado de la Dirección de Inteligencia Delictiva (DINTEL) y el Departamento de Trata y Tráfico de la Policía Nacional, con el apoyo del Servicio de Aduanas, Investigaciones de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés ICE-HSI.
Por TERESA CASADO.
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