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SANTO DOMINGO.- A propósito de la conmemoración este jueves 28 de mayo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres,
organizaciones feministas plantearon hoy la urgencia de garantizar
todos los derechos de este segmento de la población, en especial los
sexuales y reproductivos.
En un comunicado, las entidades de la sociedad civil recuerdan al Gobierno dominicano la importancia de acuerdos como los consensos de Montevideo y de Santo Domingo, a través de los cuales, los países de la región reafirmaron su compromiso con los derechos sexuales y reproductivos, por ser parte integral de los derechos humanos.
Para lo anterior, consideran oportuno que sea aprovechada la definición de la Agenda de Desarrollo Post 2015, de las Naciones Unidas, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la Tercera Conferencia para Financiación del Desarrollo, que tendrá lugar este año, del 13 al 16 de julio, en Etiopía.
“Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el avance hacia acceso universal a la salud sexual y la salud reproductiva ha sido insuficiente y muy desigual en América Latina y el Caribe y que las elevadas tasas de muertes maternas, en gran parte debidas a la dificultad para acceder a servicios adecuados de salud sexual y reproductiva y a la realización de abortos inseguros, ha alejado a los Estados del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. De cara a la nueva Agenda de Desarrollo es prioritario promover políticas que contribuyan de manera real a cambiar esta situación”, proclaman las organizaciones de mujeres.
En el documento se incluye el dato sobre la existencia en América Latina de 169 millones de personas con edades entre 15 y 29 años, por lo que urge una atención especial para adolescentes y jóvenes, con el objetivo de reducir los embarazos y que este segmento de la población pueda disfrutar de manera informada y con libertad, sus derechos sexuales y reproductivos.
“Los Gobiernos han de implementar de manera efectiva, programas de salud sexual y reproductiva integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios amigables, que respeten el principio de confidencialidad y privacidad y que incorporen el enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad”, resalta el documento denominado “Por nuestros cuerpos, por nuestros derechos”.
“Sabemos que es posible eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna incorporando en el conjunto de prestaciones de los servicios de salud sexual y reproductiva, medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en este tema, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado”, agrega.
El escrito recoge cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que revelan que en América Latina y el Caribe se producen unos 4.2 millones de abortos inducidos anualmente.
Además, en los países donde existen leyes restrictivas del aborto, donde la interrupción del embarazo se practica en la clandestinidad y en condiciones inseguras, el un número de muertes maternas es tres veces superior al que registran otras naciones.
De ahí la exhortación a los Estados de la región para que consideren “la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos”.
Firman el documento el Foro Feminista, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), la Colectiva Mujer y Salud, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-RD), Acción Mundial contra la Pobreza (GCAP-RD), el Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), el Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS) y la Unión Democrática de Mujeres (UDEMU).
También el Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (Ce-Mujer) y la Asociación Tú Mujer.
En un comunicado, las entidades de la sociedad civil recuerdan al Gobierno dominicano la importancia de acuerdos como los consensos de Montevideo y de Santo Domingo, a través de los cuales, los países de la región reafirmaron su compromiso con los derechos sexuales y reproductivos, por ser parte integral de los derechos humanos.
“Sabemos que es posible eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna incorporando en el conjunto de prestaciones de los servicios de salud sexual y reproductiva, medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro".Asimismo, instan a los gobiernos de América Latina a adoptar una visión transformadora que permita alcanzar, sin dilaciones, los compromisos asumidos hace dos décadas en Beijing y en el Cairo, relativos al respeto de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, sexuales y reproductivos de las mujeres.
Para lo anterior, consideran oportuno que sea aprovechada la definición de la Agenda de Desarrollo Post 2015, de las Naciones Unidas, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como la Tercera Conferencia para Financiación del Desarrollo, que tendrá lugar este año, del 13 al 16 de julio, en Etiopía.
“Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el avance hacia acceso universal a la salud sexual y la salud reproductiva ha sido insuficiente y muy desigual en América Latina y el Caribe y que las elevadas tasas de muertes maternas, en gran parte debidas a la dificultad para acceder a servicios adecuados de salud sexual y reproductiva y a la realización de abortos inseguros, ha alejado a los Estados del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. De cara a la nueva Agenda de Desarrollo es prioritario promover políticas que contribuyan de manera real a cambiar esta situación”, proclaman las organizaciones de mujeres.
En el documento se incluye el dato sobre la existencia en América Latina de 169 millones de personas con edades entre 15 y 29 años, por lo que urge una atención especial para adolescentes y jóvenes, con el objetivo de reducir los embarazos y que este segmento de la población pueda disfrutar de manera informada y con libertad, sus derechos sexuales y reproductivos.
“Los Gobiernos han de implementar de manera efectiva, programas de salud sexual y reproductiva integrales, oportunos y de calidad para adolescentes y jóvenes, que incluyan servicios amigables, que respeten el principio de confidencialidad y privacidad y que incorporen el enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad”, resalta el documento denominado “Por nuestros cuerpos, por nuestros derechos”.
“Sabemos que es posible eliminar las causas prevenibles de morbilidad y mortalidad materna incorporando en el conjunto de prestaciones de los servicios de salud sexual y reproductiva, medidas para prevenir y evitar el aborto inseguro, que incluyan la educación en este tema, el acceso a métodos anticonceptivos modernos y eficaces y el asesoramiento y atención integral frente al embarazo no deseado y no aceptado”, agrega.
El escrito recoge cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que revelan que en América Latina y el Caribe se producen unos 4.2 millones de abortos inducidos anualmente.
Además, en los países donde existen leyes restrictivas del aborto, donde la interrupción del embarazo se practica en la clandestinidad y en condiciones inseguras, el un número de muertes maternas es tres veces superior al que registran otras naciones.
De ahí la exhortación a los Estados de la región para que consideren “la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres y adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos”.
Firman el documento el Foro Feminista, el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), la Colectiva Mujer y Salud, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-RD), Acción Mundial contra la Pobreza (GCAP-RD), el Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), el Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS) y la Unión Democrática de Mujeres (UDEMU).
También el Instituto de Investigación y Estudios de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer (Ce-Mujer) y la Asociación Tú Mujer.
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