Primero: en Haití hay más de 10 millones de habitantes, la mayoría pobrísima. Muchos se fueron o quieren irse de su país, pero nadie los quiere en el mundo por ser muy pobres y muy negros. Por décadas, el Gobierno Dominicano permitió y fomentó la migración de haitianos indocumentados para explotar esa mano de obra barata en la agricultura, la construcción, y luego en el turismo. En vez de calificar la mano de obra dominicana, tecnificar y elevar salarios, la economía dominicana ha descansado en la explotación de la fuerza laboral haitiana indocumentada. En la frontera, los oficiales dominicanos han cobrado peaje para el tráfico ilegal. Por estas razones, y no por presión internacional, llegaron tantos haitianos a República Dominicana. Negar esta realidad culpando a terceros del problema migratorio es una estupidez que aísla este país.
Segundo: hace mucho tiempo debió iniciarse el proceso de regularización de inmigrantes. La Ley de Migración se aprobó en el 2004, pero Leonel Fernández la ignoró. Peor aún, algunos de sus poderosos funcionarios hicieron jugosos negocios con Haití. El Gobierno de Danilo Medina tampoco tenía en agenda enfrentar el problema migratorio haitiano. Con una pobreza recrudecida en Haití por el terremoto, República Dominicana debió reforzar la custodia fronteriza para evitar mayor tráfico ilegal de haitianos, pero no lo hizo. Fue una estupidez típica de la corrupción y el desorden en el Gobierno Dominicano.
Tercero: la Sentencia TC 168-13 tuvo como objetivo negar los derechos de nacionalidad a los descendientes de haitianos. Con una caprichosa interpretación, el Tribunal Constitucional declaró a todos los descendientes de inmigrantes indocumentados ilegales, aún tuvieran documentos legales. Esta aberración desató un debate nacional e internacional, y por ser una legislación de mala fe, muchas acciones del Gobierno Dominicano son vistas ahora con recelos por la comunidad internacional. Presentar como obra de bien haber reconocido la nacionalidad a 55 mil descendientes de haitianos, a quienes la Sentencia TC 168-13 despojó de nacionalidad teniendo documentos legales, no redime a República Dominicana. Por eso es una estupidez cacarear eso como una gran concesión a los haitianos.
Cuarto, hacer coincidir en el tiempo la implementación de la nefasta Sentencia TC 168-13 que se refiere a los descendientes de inmigrantes indocumentados, con el necesario Plan de Regularización de Inmigrantes, ha multiplicado las controversias y contaminó el proceso de regularización que debió haberse iniciado en 2005. Fue una estupidez desnacionalizar los descendientes y mezclar ambos procesos.
Quinto: Danilo Medina ha caído en la trampa de ser rehén de los ultra nacionalistas que tienen a Leonel Fernández como líder. La ultra derecha dominicana encuentra en el rechazo a la migración haitiana un tema de amplio apoyo, porque la inmensa mayoría de los dominicanos no quiere los haitianos en el país. El objetivo de la ultra derecha es enarbolar el nacionalismo para ganar apoyo político, y declara constantemente a los funcionarios del Gobierno de Medina incapaces de defender la soberanía dominicana. Pero por más que Medina y sus funcionarios asuman el radicalismo nacionalista, no podrán satisfacer las demandas de esa ultra derecha porque gobernar no es lo mismo que vociferar. La República Dominicana es una economía pequeña y abierta que depende en gran medida de la agricultura y el turismo para generar divisas, y tiene a Haití como segundo mercado de exportación. Tanta bravuconería de nacionalismo hueco es una estupidez (pregúntele a Donald Trump), y de proseguir tendrá efectos negativos para la economía del país.
República Dominicana tiene absoluto derecho de regular la migración, pero debe hacerlo de manera ordenada y sin estridencias. El avispero actual es contraproducente.
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