El organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos anunció que estudiará el caso de Djamel Ameziane, un argelino detenido en la estación naval de Estados Unidos en Guantánamo sin cargos ni juicio, durante más de diez años, según los denunciantes.
Es uno de los casos y peticiones a los que la CIDH dio luz verde en la última semana en su 144 periodo de sesiones para evaluar si se han producido violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y otros instrumentos interamericanos.
En total, el organismo que vela por el cumplimiento de los derechos humanos en la región admitió a trámite 21 denuncias de casos registrados en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México y Venezuela.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que es uno de los peticionarios del caso, destacó que la CIDH haya aceptado por primera vez una denuncia vinculada a Guntánamo.
CEJIL considera que "pone de relieve el hecho de que no ha habido ningún recurso interno efectivo a las víctimas de detenciones injustas y otros abusos en la base".
Añadió que permitirá abordar las condiciones de reclusión, los abusos y la ilegalidad de su detención, además de analizar "el fracaso del Gobierno de EE.UU." para desplazar a otra instalación a los detenidos.
CEJIL, el Centro de Derechos Constitucionales (CCR, por su sigla en inglés) y la American University International Human Rights Law Clinic trataron el pasado sábado en un encuentro a puerta cerrada con la CIDH el "limbo jurídico" en el que se hallan los presos de Guantánamo.
Los demandantes destacaron que los detenidos no pueden regresar a sus países de origen por temor a ser perseguidos y tampoco están siendo transferidos a terceros países, por lo tanto permanecen en Guantánamo indefinidamente.
En el caso concreto aceptado a trámite, Ameziane teme ser perseguido por ser bereber y haber estado en Guantánamo si finalmente es forzado a volver a Argelia, como ya ha pasado con dos otros argelinos.
Los peticionarios reiteraron la necesidad de revisar las medidas vinculadas a la Ley de Autorización de Defensa Nacional, firmada el 31 de diciembre de 2011, que autoriza la detención indefinida de los arrestados y restringe su transferencia desde Guantánamo, también a los 89 hombres actualmente autorizados para ser liberados.
Por: EFE
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