Es un trabajo como otro cualquiera. Si el cultivo de marihuana va promover empleos, enviaré mi currículum. Yo trabajaba en la construcción y llevo dos años desempleado, no quiero seguir en esta situación”, le dice Domingo Mereso a BBC Mundo.Él es uno de los habitantes de Rasquera, un pueblo catalán de menos de mil habitantes, con una deuda que alcanza el millón de euros.
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Y su alcalde, el republicano Bernat Pellisa, le cedió la gestión de siete hectáreas de terrenos a una asociación pro cannábica con el objetivo de que ellos cultiven ahí la hierba y genere empleo y riqueza en la población.
"Es una oportunidad para la región”, declaró en su momento Pellisa, quien se ha hecho asesorar por abogados para saber como implementar la iniciativa, propuesta por la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA), que tiene más de 5.000 socios.
Según la ABCDA, el plan cannábico anticrisis daría empleo hasta a 40 personas, y supondría el ingreso de 54.170 euros ($71.505) al mes. Es decir, 1.300.000 euros ($1.716.069) en un periodo de dos años.
El problema sin embargo, es que si bien la plantación para autoconsumo es lícita en España, el artículo 386 del código penal español prohíbe el cultivo, la elaboración o el tráfico de drogas.
El gobierno español considera ilegal el proyecto y este viernes fue arrestada en Barcelona una encargada de la ABCDA.
Otros cuatro trabajadores de la entidad también fueron imputados por supuesto tráfico de estupefacientes.
Colisión
La interpretación de las leyes augura otros choques legislativos. Pero el delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, no duda de la ilegalidad de la medida.
Libros de la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo
Entre los libros de la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo algunos querrían colar el Código Penal español.
"Una institución pública no puede aprobar una iniciativa ilegal y que está en colisión con el código penal”, le dijo a BBC Mundo.
"Y en caso de que se efectúen las plantaciones, procedería la intervención de la fiscalía antidrogas y de los cuerpos de seguridad del Estado”, aseguró Babín.
El cultivo del cannabis, sin embargo, está llegando a niveles institucionales en España.
El gobierno del País Vasco (norte) aprobó recientemente en el parlamento, y por unanimidad, la elaboración de una ponencia para regular las asociaciones de consumo de cannabis en con el objetivo de alcanzar un marco de estabilidad y seguridad jurídica de estas asociaciones. Además está preparando una nueva ley de adicciones.
De momento, el Ayuntamiento de Rasquera, deberá esperar hasta el 29 de marzo para saber si podrán ejecutar este plan anticrisis en los terrenos de la localidad.
Tienen que pasar 30 días de exposición pública desde su aprobación en el boletín municipal. El periodo de alegaciones estará abierto hasta ese día
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