SANTO DOMINGO.-
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) manifestó
“sus profundos niveles de preocupación” ante la crisis de confianza por
la que atraviesa el Poder Judicial.
El organismo cúpula del sector empresarial, plantea en un comunicado, que “un sistema de justicia confiable es piedra angular del desarrollo de toda sociedad y constituye un pilar esencial para garantizar la seguridad jurídica y un adecuado clima de negocios e inversiones en el país”.
“No puede haber confianza en las instituciones y en el Estado mismo, si no hay confianza en la independencia del Poder Judicial, y si sus decisiones son objeto de cuestionamientos públicos generalizados. Esto se agrava cuando se percibe que la administración de justicia no cumple su rol o constituye un obstáculo para las investigaciones relacionadas a actos de corrupción administrativa en sus distintas vertientes”, dice el CONEP en el documento.
La reacción del sector empresarial se produce en medio del escándalo generado por dos auto de no ha lugar que favorecieron, por un lado al senador de San Juan, Félix Bautista, y por el otro al alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez, en ambos casos encartados por presuntos actos de corrupción en el manejo de recursos públicos.
Para el CONEP, si la sociedad dominicana se convence de que las decisiones de los tribunales garantizan la impunidad de aquellos con poder político, se desvanecerá el fundamento moral del sistema y quedará en cuestionamiento el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución.
Sumado a esto, considera que carecerían de sentido todas las acciones de los organismos públicos para promover la transparencia.
De ahí la convicción, planteada a través del comunicado, de que la existencia de una administración pública transparente y el combate de la corrupción administrativa deben ser un compromiso de la sociedad en general, del Estado en particular, pero muy especialmente del Poder Judicial.
Recomienda a la Justicia crear todos los mecanismos institucionales que correspondan y adopte las medidas de lugar para asegurar la independencia interna y externa de sus diversos tribunales.
De igual modo, expresa su respaldo a recientes posiciones de la Iglesia católica y otras organizaciones de la sociedad con relación a la problemática y hace un llamado a la reflexión al Poder Judicial “para que tome consciencia del impacto que sus decisiones en esta materia tienen en la confianza sobre sus actuaciones y sobre el funcionamiento del Estado en sentido general”.
El organismo cúpula del sector empresarial, plantea en un comunicado, que “un sistema de justicia confiable es piedra angular del desarrollo de toda sociedad y constituye un pilar esencial para garantizar la seguridad jurídica y un adecuado clima de negocios e inversiones en el país”.
Recomienda a la Justicia crear todos los mecanismos institucionales que correspondan y adopte las medidas de lugar para asegurar la independencia interna y externa de sus diversos tribunales.Agrega en este punto, que una justicia confiable es un factor imprescindible para la existencia de un verdadero estado de derecho y el sano desempeño de la institucionalidad democrática.
“No puede haber confianza en las instituciones y en el Estado mismo, si no hay confianza en la independencia del Poder Judicial, y si sus decisiones son objeto de cuestionamientos públicos generalizados. Esto se agrava cuando se percibe que la administración de justicia no cumple su rol o constituye un obstáculo para las investigaciones relacionadas a actos de corrupción administrativa en sus distintas vertientes”, dice el CONEP en el documento.
La reacción del sector empresarial se produce en medio del escándalo generado por dos auto de no ha lugar que favorecieron, por un lado al senador de San Juan, Félix Bautista, y por el otro al alcalde de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez, en ambos casos encartados por presuntos actos de corrupción en el manejo de recursos públicos.
Para el CONEP, si la sociedad dominicana se convence de que las decisiones de los tribunales garantizan la impunidad de aquellos con poder político, se desvanecerá el fundamento moral del sistema y quedará en cuestionamiento el principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución.
Sumado a esto, considera que carecerían de sentido todas las acciones de los organismos públicos para promover la transparencia.
De ahí la convicción, planteada a través del comunicado, de que la existencia de una administración pública transparente y el combate de la corrupción administrativa deben ser un compromiso de la sociedad en general, del Estado en particular, pero muy especialmente del Poder Judicial.
Recomienda a la Justicia crear todos los mecanismos institucionales que correspondan y adopte las medidas de lugar para asegurar la independencia interna y externa de sus diversos tribunales.
De igual modo, expresa su respaldo a recientes posiciones de la Iglesia católica y otras organizaciones de la sociedad con relación a la problemática y hace un llamado a la reflexión al Poder Judicial “para que tome consciencia del impacto que sus decisiones en esta materia tienen en la confianza sobre sus actuaciones y sobre el funcionamiento del Estado en sentido general”.
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