7DIAS.COM.DOCORRUPCIÓN
SANTO DOMINGO (R.Dominicana).- El tratado de extradiciónfirmado este miércoles por los presidentes dominicano, Danilo Medina, y panameño, Juan Carlos Varela, cobra suma importancia por la coyuntura en que se produce: en el marco de la persecución judicial contra el expresidente Ricardo Martinelli.
Más importante aún, si se toma en cuenta la información de que los hijos de Martinelli estarían residiendo en La Romana, ciudad que en algún momento habría sido vista como opción para radicarse, por el exmandatario de Panamá, perseguido por presuntos actos de corrupción y escuchas ilegales.
Las imputaciones del Ministerio Público panameño contra el exgobernante acarrean penas de hasta 21 años de prisión: 4 años de encierro por la acusación de interceptación telefónica ilegal; 4 años por persecución y vigilancia sin autorización, y 13 por peculado.
La visita de Varela a Santo Domingo fue informada por la Presidencia dominicana el pasado lunes e inició oficialmente este miércoles con su recibimiento en el Palacio Nacional, donde se informó de la firma de varios acuerdos, incluyendo uno de extradición y asistencia legal recíproca en material penal.
Hay quienes de inmediato especularon sobre las motivaciones de este acuerdo en particular, toda vez que desde la Administración Varela se mantiene una persecución judicial contra el exmandatario Martinelli, quien el 28 de enero pasado salió de Panamá y ha establecido residencia en Miami, tras la formulación de cargos en su contra ante la Corte Suprema de Justicia por presuntas escuchas ilegales y peculado.
Habría tomado un vuelo privado desde Panamá hacia la República Dominicana, un hijo del expresidente del país centroamericano Ricardo Martinelli, vinculado a supuestos actos de corrupción a través de un proyecto eléctrico.
El pasado 17 de octubre 7dias.com.do se hizo eco de informaciones publicadas por medios panameños en el sentido de que habría viajado hacia la República Dominicana, específicamente a la región este, un hijo del exmandatario identificado como Luis Enrique Martinelli Linares y quien estaría siendo investigado por presunta corrupción a través de un consorcio que desarrolla proyectos hidroeléctricos.
Se preveía que, viviendo sus hijos en La Romana, y no existiendo un tratado de extradición entre la República Dominicana y Panamá, Martinelli vería como opción potencial radicarse en el país caribeño si se le cerraba el círculo en Estados Unidos.
Lo acordado hoy en el Palacio Nacional dominicano no entra en vigor de inmediato, toda vez que los acuerdos de extradición deben ser ratificados por el Congreso.
Martinelli, quien gobernó Panamá entre 2009 y 2014, ha dicho que regresaría al país, pero que estaría buscando el “momento adecuado” para hacerlo, porque tiene allá a su familia y su vida.
Sin embargo, hay quienes ven remota esa posibilidad, por lo menos mientras se mantenga el actual régimen, toda vez que para ausentarse, Martinelli otorgó poderes “amplios y generales” sobre sus bienes y para entablar procesos judiciales a su esposa Marta Linares, y a su hermano Mario.
Las imputaciones del Ministerio Público panameño contra el exgobernante acarrean penas de hasta 21 años de prisión: 4 años de encierro por la acusación de interceptación telefónica ilegal; 4 años por persecución y vigilancia sin autorización, y 13 por peculado.
El caso es ventilado en la Corte Suprema de Panamá, toda vez que el expresidente tiene derecho a jurisdicción privilegiada como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen). El máximo tribunal de justicia panameño ha citado al imputado para una audiencia el próximo 11 de diciembre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario