El Consejo del Poder Judicial (CPJ) decidirá dentro de poco respecto a un proceso disciplinario que sigue a la magistrada Altagracia Sánchez Molina, de la Cámara Civil y Comercial de La Romana, por presuntamente haber aceptado un soborno de RD$200 mil para fallar a favor de un grupo que intentó estafar a una compañía extrajera.La denuncia fue depositada el 11 de febrero de 2011 y la misma los representantes de la empresa Newco, INC se quejaron de que la jueza habría recibido la referida suma a cambio de fallar un expediente a favor del señor Harvey Limon Perry.
Asimismo, el señor Miguel Rodríguez Albizu se habría comprometió a vender un inmueble a Harvey Limon Perry por valor de un millón trescientos cincuenta mil dólares. Sin embargo, después recibió una propuesta de la empresa Newco por valor de un millón cuatrocientos mil dólares y optó por cancelar el compromiso de venta anterior y cerrar la operación con esa compañía y así se hizo constar.
De acuerdo a la denuncia, un grupo del que formaba parte Limon Perry, interpuso una demanda en ejecución de la promesa de venta que había sido dejada sin efecto, con el objetivo de despojar del inmueble a la empresa Newco.
La demanda estaba sustentada sólo en la mención de la ‘promesa de venta’, debido a que no existía ni constaba en el expediente.
En la indagatoria, la magistrada admitió que falló sin el documento, pero argumentó que fue por inobservancia. No obstante, en el escrito de los abogados de la empresa se hizo referencia a la carencia de esa prueba.
La acusación relata que para fallar la magistrada recibió a través de su alguacil, Máximo Contreras, los RD$200 mil que les habrían sido entregados por el señor Edgar Daniel Tavárez Abreu “...para dar este fallo amparado en una prueba que ella no vio”, señala el informe.
No hay comentarios:
Publicar un comentario