Por: Columnista | 1:51 PM1.- La tentativa de asesinato de que fue objeto mi hijo Jordi, el 2 de junio de 2010, por más de cinco (5) años me ha obligado a estar presente ante los tribunales, en todo el curso de los diferentes procesos en primera instancia y en apelación.
2.- Precisamente ahora, en estos momentos, cuando el sistema judicial del país ha motivado duras críticas por denuncias de corrupción, con toda franqueza debo decir que en el caso de mi hijo Jordi, el material humano que ha estado conociendo el expediente, como jueces o representantes del ministerio público, ha dado demostración de honestidad.
3.- Aunque el aparato judicial está deteriorado, los magistrados reconocidos como íntegros deben ser elevados, como demostración que no todo está perdido, y que en la labor de higienización que se impone llevar a cabo, conviene retener lo sano y extirpar lo nocivo.
4.- No podemos pecar de ilusos, y creer que una sociedad en estado de descomposición como la dominicana, todos los que la componen van a tener igual comportamiento. Lo mismo podemos decir del sistema de administración de justicia, donde hay jueces honestos y también corrompidos. El carácter heterogéneo desde el punto de vista social, se refleja por igual en el orden judicial.
5.- Mi hijo Jordi, y todos los miembros de nuestra familia seríamos injustos si dijéramos que el proceso judicial tiene una duración de más de cinco años, por culpa de los jueces. En distintas ocasiones hemos dicho que los imputados se han aprovechado de lagunas en el Código Procesal Penal, para burlar a la víctima, y a todo el sistema judicial.
6.- El proceso judicial seguido en el caso de mi hijo Jordi, ha sido rico en experiencia porque ha servido, entre otras cosas, para que hombres y mujeres del país, que aspiran a vivir en un ambiente de decencia, se sientan motivados a luchar por la instauración de un servicio judicial confiable, honesto y laborioso, libre de toda sospecha.
7.- Además, no podemos lanzar todas las críticas a los jueces y a los representantes del Ministerio Público, porque la jurisdicción penal está integrada, por los magistrados, y también por los abogados y abogadas que desempeñan la función de asistentes técnicos de los imputados.
8.- Jordi, además de sufrir las lesiones causadas por el hecho criminal, ha tenido que soportar las maniobras ejecutadas por aquellos que en estrados han hecho causa común con la asociación de malhechores, los imputados.
9.- Lamentablemente, muchos profesionales del derecho al asistir en sus medios de defensas a los imputados, se convierten, no en sus defensores, sino en aliados incondicionales, llegando a actuar como cómplices de sus defendidos; todo esto con el agravante de que no existe un funcional código de ética que ponga freno a los desmanes de los que ejercen estropeando y ofendiendo la toga y el birrete.
10.- La realidad le está diciendo a los mejores hombres y mujeres del país que todavía sirven, que no podemos seguir viviendo como hasta ahora, que esta situación tiene que cambiar para bien; que la integridad que reconocemos en los integrantes del servicio judicial que han intervenido en el caso Jordi, debe ser el comportamiento de todos los que administran justicia y que, de igual manera, debemos aspirar a que los profesionales del derecho ajusten sus actuaciones a la ética y a la moral profesional.
Santiago de los Caballeros,
2 de diciembre de 2015
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