EDITORIAL DEL CARIBE: El plan eléctrico



El pasado 15 de diciembre, el presidente Danilo Medina inició los trabajos para la construcción de las dos plantas a carbón para producir 360 megavatios cada una, en Punta Catalina, Baní. Inmediatamente comenzaron los trabajos, y al término de 30 días ya ha sido levantado el primer campamento y se prepara el área donde instalarán las dos generadoras.

El gobierno parece decidido a superar el grave problema energético, más que el déficit, como suele decirse, la modificación de la matriz de generación, las debilidades y carencias del sistema de transmisión y el arcaico cableado de distribución en ciudades y pueblos.

Las revelaciones del vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, nos sugieren que el gobierno tiene una visión, un plan, y especialmente, una comprensión de la crisis.

Hace tiempo que se habla del déficit de generación. Ahora han sido identificadas las vías para atenuar y poner en línea de solución funcional el servicio.

Empezaría con la instalación de las dos plantas a un costo de US$1,951 millones; la conversión a gas natural de las plantas ubicadas en la región Este, Cogentrix, Quisqueya I y II, La Sultana, Los Mina IV y V. Más alguna generación no convencional en carpeta.

Pero no se haría el trabajo completo si no se intervienen las líneas de transmisión, mejorándolas, instalando nuevas y haciendo otras interconexiones que implicarían una inversión de al menos US$500 millones, más un programa de mejoría de las redes de distribución, que conllevaría una inversión no menor de US$1,000 millones.  Sería una importante inversión en un período que no debe exceder los cinco años. Obviamente, ese dinero no está en la mesa. Habría que gestionarlo. Cabe también señalar que esa identificación no sería nada si no hay calidad y transparencia en la gestión.

Asimismo, es imprescindible involucrar a todos los actores. El gobierno no puede hacer eso solo. Los generadores tienen un rol fundamental; usuarios y consumidores deben asumir sus obligaciones. También debe participar el liderazgo social y político, la Nación. Es clave un pacto que garantice la continuidad

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