DAJABÓN
(Rep. Dominicana).-Un grupo de alrededor de 20 haitianos retenidos en
el traspatio de la fortaleza Beller da una idea de la forma “humana” en
que la gestión de Danilo Medina promete tratar a los inmigrantes
indocumentados que deportará a partir de este jueves, después de cerrar
ayer el proceso de inscripción de inmigrantes que se acogieron al Plan
Nacional de Regularización.
Los detenidos, sentados en el suelo, eran vigilados de cerca por un
guardia que se muestra indiferente ante los periodistas que gestionan
conversar con el encargado de la fortaleza.
Evangelina Peña, subdirectora de Solidaridad Fronteriza, asegura que,
pese al decreto que suspendía las repatriaciones, las detenciones de
haitianos por parte del Ejército nunca cesaron. Incluso, los militares
apresaron algunos inmigrantes que se presentaron al pueblo de Dajabón
para acogerse al plan de regularización.
Algunos inmigrantes se están marchando por su propia cuenta con sus
ajuares, tal y como resalta la gobernadora Ramona Rodríguez Quezada al
señalar a una familia en el trailer de una motocicleta.
Ramona Rodríguez Quezada
Rodríguez Quezada resalta que el mercado que se realiza cada lunes y
viernes seguirá igual, pero con mayor control para evitar que los
haitianos salgan de la zona que cubren las instalaciones financiadas por
la Unión Europea.
“Las repatriaciones nos van a afectar especialmente en la agricultura, hasta que no se regularice todo”, dice Rodríguez Quezada.
La realidad testimonia sus palabras. En Jicomé, el arrocero Daniel
Morel se queja de que requiere de 30 trabajadores haitianos, “pero sólo
vienen diez”. Explica que en los últimos días los migrantes empezaron a
ausentarse de las áreas de trabajo, temerosos de que el Ejército los
aprese para deportarlos.
Un tanto alterado cita el nombre de un exdiputado nacionalista y de
una comunicadora social de la misma tendencia . “Yo quisiera que (los
nacionalistas) me consigan a 40 trabajadores dominicanos, que vengan a
ver, que aquí no aparecen, los dominicanos no quieren trabajar”, dice.
El pago del jornal a 50 pesos la hora podría explicar el porqué los
dominicanos rehúsan trabajar en las plantaciones arroceras. Lo mismo
pasa con los jornaleros de las plantaciones de banano de la cuenca del
Yaque del Norte, que reciben entre 250 y 300 pesos por día, con un plato
de comida incluido como un bono extra.
Morel advierte de que incluso en la presente etapa de la cosecha del
arroz, en la que sube el retoño de la última siega, escasean los
trabajadores. “A partir de diciembre, enero y febrero del próximo año no
sabemos cómo nos vamos a hacer sin mano de obra haitiana”, dice.
Algunos de los contados haitianos que se atrevieron a acudir a
trabajar a las plantaciones de arroz de Jicomé tienen una fotocopia del
documento en que el Ministerio de Interior y Policía (MIP) certifica que
se acogieron al Plan Nacional de Regularización.
Felix Jean, con 26 de sus 46 años de edad residiendo en Jicomé,
muestra orgulloso el documento. Explica que pudo gestionarlo porque
tiene un pasaporte, pero que muchos de sus compatriotas carecen de ese
privilegio. Un lío de vacas
En Dajabón, la gobernadora Rodríguez Quezada acudió al área del
mercado binacional a entregar nueve vacas de ganaderos haitianos
retenidas por dominicanos que trataban de recuperar tres bueyes robados
del poblado de Cañongo.
Santiago Ramos, dueño de los bueyes, cuyo precio calcula en más de
200,000 pesos, se muestra inconforme con la devolución de las vacas que
tuvieron que ser traídas a la frontera en un camión Daihatsu. Pero se
resigna al dictamen de la gobernadora: “Ni ellos pueden recoger vacas en
Haití, ni los haitianos pueden robar bueyes”.
Mientras la gobernadora trata de hacer justicia con el ganado,
representantes de varias entidades religiosas y de derechos humanos
congregados en Solidaridad Fronteriza, la entidad católica del Servicio
Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM), intentan coordinar acciones
para socorrer a posibles víctimas de las deportaciones.
Evangelina Peña explica que Solidaridad Fronteriza invitó de manera
infructuosa a la representante del Poder Ejecutivo para abordar el tema
de las repatriaciones.
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