Mucho, mucho será abordado todos estos días el contenido de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condena al país por deportar haitianos y a sus descendientes entre 1999 y 2000, según la
Las deportaciones, en receso ahora hasta que concluya el Plan de Regularización, son en múltiples casos atropéllenles, humillantes, lesivas para la dignidad humana.
Tan groseras como el discurso de la dominicanización de la frontera, pronunciado hace tantos años y que reducía a menos que bestias a los haitianos pobres.
Es innegable que muchos descendientes de esos inmigrantes han visto sus derechos violados, truncadas sus vidas por la burocracia.
Pero esos abusos jamás deben hacer olvidar que un extremo no puede ser combatido con otro y parece que eso es lo que pretende el fallo de la CIDH, al ordenar, incluso, que el Estado modifique su Constitución y apunte bien clarito el dictado sobre quiénes son dominicanos.
Es un fallo tan fundamentalista que hasta favorece a William Medina Ferreras, acusado de falsificar documentos y de votar con una cédula adulterada. Es el mismo al que las personas que señaló como sus hermanos, en un pésimo castellano, niegan conocer.
Encima, decide sobre la sentencia 168-13, cuando no era tema en cuestión, puesto que los casos que conocía se originaron 15 y 14 años antes.
El Gobierno ha sido justo, equilibrado en el manejo de la migración haitiana, al punto de que las relaciones entre ambos países se han estabilizado y de que el presidente Danilo Medina envió al Congreso una ampliación del plazo del Plan de Regularización de Extranjeros, que beneficia más que a nadie a haitianos.
Ha sido sensible frente al caso de los muchachos que han quedado en el limbo por la situación irregular de sus padres.
Por eso se entiende el gran rechazo que ha generado esa sentencia extremista en la sociedad, incluso de personas que defienden los derechos de los haitianos y de sus descendientes. Derechos, por cierto, que nadie tiene potestad para desconocer.
Hasta ahora solo el Centro Bonó respalda la decisión, lo que ha causado malestar, puesto que esa entidad ha mantenido siempre una postura de equilibrio. Pero no solo la apoya, también manda al Congreso a interpelar a cualquier órgano que obstaculice su cumplimiento.
¿Quién será el primero llamado por los legisladores, acaso el presidente Danilo Medina, cuyo Gobierno ayer la rechazó por inaceptable, extemporánea e inoportuna?
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