Montevideo.- El Gobierno, la policía y la clase médica de Uruguay intentaron hoy calmar a la población con medidas preventivas y mensajes de confianza tras la alarma generada por la muerte de 16 pacientes en unidades de cuidados intensivos de dos hospitales de Montevideo a manos de dos enfermeros. Al presentar un paquete de acciones para asegurar que no se repitan casos similares, el ministro de Salud, Jorge Venegas, comparó lo ocurrido con una "catástrofe" y dijo que todo el personal a su cargo deberá "trabajar mucho para recuperar la imagen y credibilidad" del sistema sanitario.
A su lado, el viceministro de Salud, Leonel Briozzo, admitió que el país está viviendo "una situación dramática, dolorosa y repugnante".
Los enfermeros uruguayos J. A. A, de 46 años, y M. P. G., de 39 años, fueron procesados el domingo por el delito de homicidio especialmente agravado y enviados a prisión, tras confesar ante el juez de Montevideo Rolando Vomero haber sido autores de los 16 asesinatos.
El primero admitió haber matado a once pacientes en la Asociación Española, una prestigiosa mutua privada del país, y el segundo a los cinco restantes en el Hospital Maciel, de titularidad pública.
Junto a ellos fue procesada por encubrimiento una enfermera que conocía a uno de ellos, aunque se descarta por ahora una acción coordinada.
Pese a que los abogados de los encausados hablan de "piedad" como móvil de los crímenes, Inés Massioti, representante de J. A. A., originario del interior del país, dijo que su cliente sufrió abusos sexuales en su juventud y atravesaba un episodio de estrés después de trabajar durante 20 años en cuidados intensivos.
La captura de los criminales fue posible gracias a la llamada "Operación Ángeles", un trabajo de investigación policial de varias semanas bautizado así por la denominación de "ángeles de la muerte" que reciben aquellos tipos de asesinos en serie usualmente empleados como cuidadores.
A la espera de que surjan novedades sobre las investigaciones, las especulaciones sobre los móviles de los crímenes se multiplicaban este lunes en los medios de comunicación locales.
Se habla incluso de que había una competición entre ambos por quien cometiera el mayor número de homicidios, mientras otras versiones especulan que los dos enfermeros mataron a los pacientes que les caían mal.
Otra más señala que sus acciones fueron por "piedad" con los pacientes por sus padecimientos, pero lo cierto es que, según la justicia, no todos los pacientes eran terminales.
Entre las acciones aprobadas por el Ministerio de Salud para hacer frente a esta situación sobresalen las investigaciones administrativas dispuestas en los hospitales involucrados y la inspección de todas las unidades de cuidados intensivos del país.
También se ofrecerá apoyo sicológico al personal sanitario si lo necesita, especialmente el que está sometido a mayor presión, y se creará una línea telefónica confidencial para recibir denuncias de posibles muertes dudosas en los centros de salud, además de reforzarse la unidad de apoyo a las familias de las víctimas.
La identidad de los asesinados se mantiene bajo reserva como parte del proceso judicial, pero dos hijas de una mujer fallecida el lunes pasado en el Hospital Maciel, de nombre Gladys Lemos, revelaron al diario El Observador que el caso de su madre es el que aceleró la resolución de las investigaciones.
Lemos, de 74 años, había sido internada en el centro médico con convulsiones el 1 de marzo y tras ser atendida iba a ser dada de alta el lunes 12, pero horas antes falleció de forma repentina.
"La mataron sin ninguna piedad", dijeron al periódico las hijas.
Ante la lógica alarma de los ciudadanos, el responsable de Crimen Organizado e Interpol, Ángel Rosas, indicó este lunes "para dar tranquilidad a la población" que la investigación se circunscribe a los dos hospitales y no hay indicios de casos similares en otros.
Venegas puntualizó que se trata de "un caso aislado y sin precedentes en el país", donde existen 80.000 trabajadores de salud, mientras Briozzo calificó de "criminales" a los enfermeros y subrayó que en todos los casos "no hubo errores de asistencia sino la voluntad de matar".
El presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Martín Rebella, justificó a los colegas que certificaron la muerte de las víctimas con el argumento de que "los protocolos de seguridad no están pensados para evitar asesinatos sino para minimizar lo máximo posible los efectos adversos" de una asistencia deficiente.
La presidenta de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Beatriz Fajián, dijo, por su parte, no entender lo sucedido porque los trabajadores sanitarios tienen "vocación por curar" y agradeció "el respeto" mostrado hacia el personal del ramo por todos los pacientes del país después de lo sucedido.
Por: EFE/Raúl Cortés
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